El Consejo de Ministros acaba de aprobar un Proyecto de Ley para la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria de 2013. El objetivo del gobierno es que esta reforma, que ahora inicia su tramitación parlamentaria, entre en vigor dentro de menos de un año, el 1 de noviembre de 2021. ¿Cuáles son las grandes novedades que introducirá la norma en la cadena de suministro y valor del sector agrícola y alimentario?
De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el principal objetivo del Proyecto de Ley, que se suma y amplía las modificaciones urgentes introducidas en el mes de febrero, es impulsar un reparto más equitativo del valor añadido a lo largo de la cadena alimentaria. Para ello, entre otras cosas, la nueva ley fomentará la transparencia en la formación de precios, buscará mejorar la operatividad de las transacciones y ampliará la lista de prácticas desleales prohibidas, así como actualizará la de infracciones y sanciones.
El 3 de enero de 2014 entraba en vigor en España la primera ley de la cadena alimentaria, o Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. Esta norma pretendía introducir en la legislación española una serie de recomendaciones de la Comisión Europea, el Foro de Alto Nivel sobre la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
La finalidad de la ley de 2013, que se basa en un sistema mixto de regulación y autorregulación de las relaciones comerciales, es mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. El objetivo final es reforzar la competitividad del sector agroalimentario español y reducir los posibles desequilibrios entre los diferentes operadores, proporcionando las condiciones para una competencia más justa.
La Ley 12/2013 introdujo en su momento obligaciones para los operadores agroalimentarios y restricciones para evitar las prácticas comerciales abusivas
De forma muy resumida, la Ley 12/2013 introdujo en su momento ciertas obligaciones para los operadores agroalimentarios (como la de formalización de contratos), impuso restricciones y prohibiciones para evitar lo que se definieron como prácticas comerciales abusivas, buscó fomentar las buenas prácticas en la contratación alimentaria y creó dos organismos de control y monitorización del sector: la Agencia de Información y Control Alimentarios y el Observatorio de la Cadena Alimentaria.
Tras más de seis años en vigor, el Consejos de Ministros ha planteado en 2020 la reforma de la ley para ampliar su ámbito de aplicación, introducir más acciones desleales en la lista de prácticas comerciales prohibidas, adaptar la legislación a la normativa europea (como la Directiva 2019/633) y atender algunas de las peticiones del sector agroalimentario.
En el complicado escenario económico que ha dibujado la pandemia de COVID-19, el sector agroalimentario ha sido el único en el que el PIB ha crecido en los últimos 12 meses. Lo ha hecho un 6,9% y ha visto aumentar tanto su facturación en el mercado interno como en las exportaciones.
El sector crece y se mantiene competitivo, pero, tal como señaló el ministro Luis Planas en la presentación del Proyecto de Ley, esto no quiere decir que no existan algunos desequilibrios estructurales que haya que corregir. Para ello, la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria introducirá, una vez aprobada por el Parlamento, las siguientes novedades, que se suman a las introducidas a principios de año.
La primera piedra de la mejora de la Ley de la Cadena Alimentaria llegó en forma de medidas urgentes, aprobadas mediante el Real Decreto-ley 5/2020, de 25 de febrero, que recibió el respaldo del Congreso de los Diputados el 25 de marzo. Entre estas medidas urgentes, se incluyen:
Tras la introducción de las medidas urgentes y su aprobación parlamentaria, el siguiente paso fue desarrollar un Proyecto de Ley que ampliase las medidas e introdujese más cambios. Este proyecto, que ha sido aprobado ahora por el Consejo de Ministros, añade novedades legislativas para seguir reequilibrando las relaciones comerciales en el sector agroalimentario.
El objetivo es que la nueva ley entre en vigor en noviembre de 2021, para dar tiempo a todos los operadores a adaptarse al marco normativo. Estas son las principales modificaciones de la nueva Ley de la Cadena Alimentaria.
Estas modificaciones buscan, según el ministerio, reforzar la figura del productor e impedir que los precios que se pagan no sean inferiores a los costes de producción
Estas modificaciones buscan, según el ministerio, reforzar la figura del productor e impedir que los precios que se pagan no sean inferiores a los costes de producción. Además, buscan proteger la generación de valor a lo largo de toda la cadena. Sin embargo, algunas asociaciones agrarias ya han manifestado su intención de introducir nuevas medidas durante el trámite parlamentario para endurecer dichas protecciones.
A modo de recapitulación, la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria entra ya en su última fase de tramitación. El gobierno espera tenerla aprobada para que entre en vigor dentro de menos de un año, el 1 de noviembre. Entre sus grandes novedades están las nuevas obligaciones contractuales, la protección de los precios de los productores y los demás eslabones de la cadena y la reforma las infracciones y las prácticas desleales.
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