Prevención de delitos, lucha contra la corrupción o impulso del buen gobierno. LaLiga es una entidad que desde momento de producirse la reforma del artículo 31 bis del Código Penal, ha impulsado en su seno la necesidad de que sus miembros se doten de sistemas de gestión de riesgos penales de forma activa y no como un mero requisito formal. Es decir, siendo un sistema maduro, actualizado y formando parte de la estructura de la gestión de los Clubs.
En los próximos meses, esperamos que ENAC conceda a las Certificadoras especializadas las acreditaciones específicas para certificar estos sistemas y, en ese momento, podrá producirse un avance muy notable en la madurez de los sistemas ya implantados. A su vez, será un reto para aquellos que estén en desarrollo.
Un programa de compliance busca identificar y reducir o eliminar los riesgos por incumplimiento de la legislación. Así, implantar correctamente un sistema de gestión de compliance (SGRP) previene que se cometan delitos, reduciendo los riesgos penales. Asimismo, es esencial la consecución de una posible atenuación de la pena por el delito cometido o eximente de la responsabilidad penal de la persona jurídica y, como consecuencia, mejora la imagen y reputación de la entidad.
En España, la norma UNE 19601 establece los requisitos de un sistema de gestión de compliance penal. La norma está alineada con el código penal y tiene el objetivo de prevenir la comisión de delitos y reducir el riesgo penal. Cumplir con la UNE 19601 es una forma de certificar que se ha trabajado con diligencia y que se han establecido las mejores prácticas para prevenir y detectar la comisión de delitos.
Por otra parte, la norma internacional ISO 37001 está diseñada para que las entidades implementen un SCG contra la corrupción y el soborno. Al igual que la norma UNE, la ISO 37001 ayuda a proteger y preservar la integridad de las organizaciones que la implementen. Ambas normas pertenecen al campo del análisis de riesgos.
De momento, la normativa de LaLiga solo requiere que los clubes demuestren, mediante una auditoría, que cuentan con un sistema de prevención de delitos actualizado; sin duda un referente para otras áreas de actividad.
LaLiga ha creado un canal de denuncias para que las entidades o empleados puedan comunicar prácticas irregulares
Una vez que existan certificadoras acreditadas por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC), estaríamos en disposición de poder solicitar las certificaciones UNE 19601 e ISO 37001, de forma plena. Para ello, los equipos profesionales necesitarán contar con un sistema de gestión de compliance muy desarrollado, que analice los riesgos contemplados en el Artículo 31 bis del Código Penal.
En este sentido, la propia, LaLiga ha creado su canal de denuncias para que las entidades o empleados puedan comunicar prácticas irregulares. La competición también cuenta con una política de control de regalos, invitaciones y donaciones.
Si, como todo parece indicar, pronto será obligatorio para los clubes de LaLiga adaptarse a las normativas en materia de prevención de delitos y riesgos penales derivadas del Código Penal y normas como UNE 19601 e ISO 3700, para facilitar esta tarea y asegurar el correcto cumplimiento de los requisitos, el sector experto en la materia (Jurídico y Consultor) cuenta con herramientas y sistemas de implantación. Estos sistemas han sido desarrollados gracias al conocimiento acumulado en gestión de riesgos.
Cumplir con las exigencias de certificación para los sistemas de compliance requiere apoyarse en especialistas con conocimientos de la regulación de prevención de delitos y riesgos penales
Audisec y Willis Towers Watson han elaborado una metodología de implantación de SGRP, así como una herramienta software, GLOBALSuite, diseñadas para controlar y supervisar entidades deportivas en materia de compliance y sistemas anticorrupción. GLOBALSuite permite a los clubes:
Por tanto, para poder cumplir con las exigencias de certificación de los sistemas de compliance, es necesario apoyarse en especialistas con conocimientos de la regulación de prevención de delitos y riesgos penales. Para asegurar la eficacia del sistema, la opción más económica y práctica es contar con una consultora especializada para llevar a cabo esta implantación.
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