Transición energética: claves para el cambio del modelo energético actual

Nuestro mundo está construido sobre la base de una revolución energética sin precedentes, una que empezó a tomar forma hace 250 años de la mano del carbón y la máquina de vapor. Durante los últimos dos siglos y medio, los combustibles fósiles han permitido un desarrollo social, económico y tecnológico meteórico, pero también han acabado siendo el origen de uno de los mayores desafíos que tiene ante sí la humanidad.

Abandonar el petróleo, el gas y sus derivados, fuente de las emisiones de gases de efecto invernadero que están detrás del cambio climático, y apostar por fuentes de energía limpia que nos permitan mantener un nivel de vida y desarrollo similar al actual no es una tarea sencilla. La llamada transición energética marca el futuro a corto, medio y largo plazo de gobiernos y empresas de todo el planeta.

¿Qué es la transición energética?

El Acuerdo de París ha marcado un punto de inflexión en la lucha contra el cambio climático. Firmado en 2015 por 190 partes, entre las que se encuentran la Unión Europea y todos los países miembros, llegó para sustituir el obsoleto Protocolo de Kioto y convertirse en el primer acuerdo universal y jurídicamente vinculante sobre el cambio climático. El acuerdo establece un marco para mantener el calentamiento global por debajo de los 2 °C respecto a niveles preindustriales.

Con este objetivo en mente, los países han ido adoptando estrategias más o menos ambiciosas para reducir las emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. Los países de la Unión Europea tienen como objetivo reducir un 40% estas emisiones antes de 2030 (aunque actualmente se estudia incrementar este objetivo hasta el 55%). A largo plazo, la economía de la Unión deberá tener una huella de carbono neutra en 2050.

La transición energética podría definirse como el proceso de cambio estructural del sistema de energía global.

La transición energética es una piedra angular de esta estrategia. Abandonar el modelo actual mediante el cual se produce y se usa la energía, basado en los combustibles fósiles, y apostar por fuentes alternativas es clave en la descarbonización económica. Así, la transición energética podría definirse como el proceso de cambio estructural del sistema de energía global.

La transición energética en España

Dentro de Europa, España está entre los países más amenazados por el cambio climático y los riesgos de catástrofes naturales. Cada miembro de la UE tiene el compromiso de avanzar en la transición energética en función de sus posibilidades y de sus características. En España, esto se está traduciendo en una apuesta por las energías renovables (y, en particular, por la eólica, la solar y la hidráulica), el abandono gradual de las fuentes fósiles (con el carbón como prioridad) y el desarrollo de nuevos vectores energéticos como el hidrógeno.

Además, la reforma del sistema eléctrico, la búsqueda de soluciones para la industria intensiva en calor (que difícilmente puede electrificarse) y el impulso a un sistema de movilidad limpio forman otros de los ejes de la estrategia española. En el corto plazo, todos los esfuerzos pasan por la aprobación de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que durante estos meses se está debatiendo en el Congreso.

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética

A propuesta del ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Congreso debate y tramite el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética (PLCCTE) desde mayo de 2020. Por ahora, se encuentra inmersa en una fase de enmiendas que le dará su forma definitiva. La mayoría de artículos ya tienen el visto bueno de la mayoría de la cámara parlamentaria, por lo que la aprobación definitiva de la ley se dará en el futuro cercano. Estas son las claves del proyecto de ley:

• Con la vista en 2030. Para el final de la década habrá que haber reducido los gases de efecto invernadero en un 20% respecto a 1990, como mínimo. Para entonces, las renovables deberán sumar el 70% de la producción eléctrica.
• Zonas de bajas emisiones. Todos los municipios de más de 50.000 habitantes deberán establecer zonas de bajas emisiones en los próximos años.
• Energías renovables. A largo plazo, antes de 2050, el sistema eléctrico español deberá funcionar al 100% con energía de fuentes renovables.
• Autoconsumo. El proyecto de ley contempla una serie de reformas legales para fomentar el autoconsumo eléctrico.
• Eficiencia. Se deberá promover la rehabilitación de edificios para reducir su consumo energético y mejorar la calidad de vida de sus ocupantes. En este sentido, el año pasado se aprobó un primer paquete económico para mejorar la eficiencia energética de los inmuebles.
• Movilidad sostenible, eficiente y eléctrica. Cerca del 30% de las emisiones de España se generan en el transporte. Para avanzar en la electrificación de la movilidad, la ley contempla el desarrollo de una infraestructura de almacenamiento y recarga sólida para vehículos eléctricos, así como los plazos para abandonar los vehículos impulsados por derivados del petróleo.

Quedan importantes desafíos por resolver como la cuestión de la intermitencia de la producción eléctrica renovable, el almacenamiento y los costes de construir infraestructuras capaces de alimentar la demanda total de energía

La ley de cambio climático por sectores

El principal objetivo de la ley es lograr que la economía española abandone gradualmente su dependencia de los combustibles fósiles durante los próximos 30 años, alcanzando la neutralidad de carbono a mediados de siglo. Esto quiere decir que, en 2050, España en su conjunto no podrá emitir más gases de efecto invernadero (en especial, dióxido de carbono y metano) de los que sea capaz de retener de forma natural o artificial.

En el año 2030, las emisiones deberán haberse reducido, al menos, un 23%, tomando como referencia las emisiones registradas en el año 1990. Abandonar los combustibles fósiles tendrá implicaciones muy importantes en casi todos los sectores de la economía, pero, sobre todo, en dos: la industria energética y el transporte.

Cómo afecta la ley al sector transporte

El 29% de las emisiones de gases de efecto invernadero en España se genera en el transporte. Esto lo convierte en el sector más contaminante del país atendiendo a su huella de carbono, según los datos del ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Por eso, la nueva ley pone el acento en el abandono progresivo de los vehículos de diésel y gasolina, aunque la hoja de ruta cuenta con importantes desafíos.

Algunos subsectores del transporte, como el marítimo o el transporte pesado por carretera, son de difícil descarbonización, ya que no es fácil mover grandes tonelajes con baterías. Así, el foco de la ley está en los turismos y otros vehículos privados. A partir de 2040, los coches con motores de combustión interna dejarán de ser fabricados, pero la ley no establece límites para los vehículos comerciales ni el resto de medios de transporte.

Al final de esta década, las fuentes de energía renovable deberán aportar el 74% del consumo eléctrico.

Además, la norma contempla que establecer en todas las ciudades de más de 50.000 zonas de bajas emisiones, impulsar la red de puntos de recarga de vehículos eléctricos (incluyendo puntos en todas las estaciones de carburantes) y apoyar la integración en el sistema de transporte de combustibles alternativos.

¿Qué se espera del sector eléctrico?

La industria manufacturera es el segundo sector que más emisiones genera en España, pero su descarbonización completa es, por ahora, complicada. Por eso, la ley ha puesto también el foco en el tercer sector que más gases de efecto invernadero emite: el de la generación eléctrica. La norma establece un objetivo claro para la evolución de la industria energética. Al final de esta década, las fuentes de energía renovable deberán aportar el 74% del consumo eléctrico. Esta cuota deberá alcanzar el 100% antes de 2050.

Para ello, en los próximos meses se aprobará una ley de reforma del sector eléctrico, se impulsarán todas las centrales de energía renovable, incluyendo las de biomasa y las hidroeléctricas reversibles, y se reformará la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar el autoconsumo en viviendas y edificios. También se impulsará la rehabilitación energética de los hogares para mejorar su eficiencia.

Además, en lo que atañe a la industria, la ley prohíbe que se otorguen nuevas autorizaciones de exploración y explotación de hidrocarburos en el territorio español, incluyendo las zonas costeras, así como veta el fracking y la extracción de minerales radioactivos como el uranio.

Retos de la transición energética

Ya sea a nivel español, europeo o global, la transición energética, tal como recoge el último informe de Willis Towers Watson sobre el sobre el estado del mercado de la energía, está plagada de retos. De acuerdo con el informe, desde el punto de vista empresarial, estos pueden agruparse en tres grandes grupos.

• Desafíos de la industria de las renovables. En un primer momento, el desarrollo de las energías renovables se vio motivado por el apoyo público. En la última década, el desarrollo tecnológico ha permitido el crecimiento de una industria cada vez más competitiva. Sin embargo, quedan importantes desafíos por resolver como la cuestión de la intermitencia de la producción eléctrica (la mayoría de renovables no son estables), el almacenamiento y los costes de construir infraestructuras capaces de alimentar la demanda total de energía.
• Aumento de la presión regulatoria. Más allá de fijar objetivos de reducción emisiones, llevar la transición energética al detalle implica el desarrollo de políticas y regulaciones estrictas, que tendrán un impacto económico inevitable. La reconversión de los sectores más afectados (como el del carbón) y las estrategias para anticiparse a los riesgos regulatorios serán clave en el futuro cercano.
• Capital, inversores y los criterios ESG. Los riesgos de la transición energética asociados a los impactos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) son cada vez más relevantes para las empresas, tal como recogen las recomendaciones TCFD. Los activos ESG han demostrado ser un lugar seguro para los inversores; y los ratings de sostenibilidad son un factor cada vez más importante en las decisiones del sector financiero.

La transición energética es un camino lleno de incertidumbres al final del cual no hay, ni mucho menos, una respuesta definitiva. En lograr cambiar con éxito el modelo energético del planeta, sin socavar la estabilidad económica y social de nuestro mundo, residen buena parte de las opciones de frenar la amenaza presente y futura del cambio climático.

Los riesgos para las empresas de la ley de cambio climático

En función de su segmento de negocio, cada empresa tendrá que hacer frente a los riesgos específicos derivados del nuevo marco que establecerá la ley de cambio climático en España. Sin embargo, sí existirán una serie de riesgos comunes asociados a la huella de carbono de cada empresa, la transparencia y las inversiones sostenibles.

En el plazo máximo de un año tras la publicación definitiva de la ley, el Gobierno establecerá qué empresas deberán calcular y publicar su huella de carbono, así como los términos para hacerlo de forma transparente y accesible. Las empresas afectadas por dicha obligación deberán contar también en consecuencia con un plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el que queden claros los objetivos y las herramientas para alcanzarlos.

Por otro lado, la ley establece un marco para mejorar las decisiones de inversión y la evaluación de los riesgos y las oportunidades de las mismas. Entre otras cosas, se obligará a las grandes empresas y las entidades financieras a ser transparentes con la información de sus activos y a establecer objetivos de descarbonización en su cartera de préstamo e inversiones.

En definitiva, además de una serie de riesgos transaccionales y específicas de cada sector, la ley supondrá una nueva fuente de riesgos de compliance o cumplimiento legal derivados del nuevo marco normativo al que deberán adaptarse las empresas.

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