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Un año de avances medioambientales: claves de las nuevas leyes de residuos en España

Rectangules
12 de julio de 2022

Tiempo de lectura
4 minutos

Edición editorial:

Juan F.Samaniego

Tras una larga andadura parlamentaria, que incluso ha excedido los límites marcados por la Comisión Europea para la transposición de la Directiva 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo, el Congreso de los Diputados ha dado el visto bueno definitivo a la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Esta norma se ha complementado, además, con el Real Decreto sobre las garantías financieras en materia de residuos, alterando sustancialmente la regulación española sobre residuos.

 

Objetivos de la nueva ley de residuos y suelos contaminados

La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular supone la adaptación definitiva de las normativas europeas en materia de residuos al ordenamiento jurídico de España. Como tal, significa una revisión profunda de las regulaciones existentes hasta este momento con la finalidad avanzar en la prevención y la reducción de la generación de residuos, mejorar la eficiencia en el uso de recursos y, sobre todo, reducir el impacto del plástico en el medioambiente y la salud humana.

La ley busca, entre otras cosas, fomentar la producción de productos eficientes en el uso de recursos, duraderos, reparables, reutilizables y actualizables.

Para lograrlo, la nueva ley establece una serie de objetivos. Estos son algunos de los más destacados:

  • Reducir el peso de los residuos producidos un 13 % para 2025 y un 15 % para 2030, teniendo como referencia el 2010.
  • Fomentar la producción de productos eficientes en el uso de recursos, duraderos, reparables, reutilizables y actualizables.
  • Reducir de la generación de residuos en la industria, la extracción de minerales y la construcción y en la producción alimentaria (en particular, en las empresas de distribución y restauración).
  • Reducir el contenido de sustancias peligrosas en materiales y productos.
  • Frenar la dispersión de basura en el medio marino.
  • Eliminar gradualmente los envases innecesarios, con especial hincapié en la industria alimentaria, la hostelería y la restauración.

 

Obligaciones de la nueva ley de residuos

Desde el punto de vista de las empresas, sean productoras iniciales y poseedoras de residuos o gestoras de los mismos, la normativa establece una serie de deberes claros. Para los gestores de residuos, la ley marca las siguientes obligaciones:

  • La empresas de recogida de residuos deberán acopiar, clasificar y almacenar los residuos en las condiciones adecuadas, envasarlos correctamente y entregarlos a entidades de tratamiento autorizadas.
  • Las empresas que transporten residuos deberán, entre otras cosas, mantener los residuos separados e identificados durante su traslado.
  • Las entidades que lleven a cabo el tratamiento de residuos deberán gestionarlos adecuadamente y acreditar que se ha aplicado el tratamiento que marca la normativa.
  • Los gestores de residuos deberán también, entre otros requerimientos, constituir una fianza en el caso de los residuos peligrosos y suscribir un seguro o constituir una garantía financiera en determinados casos.

En segundo lugar, la ley establece una serie de obligaciones para los productores iniciales y poseedores de residuos. Estas son algunas de las principales normas:

  • Realizar el tratamiento de los residuos por sí mismos si se dispone de autorización. Si no, se deberá encargar el tratamiento a un gestor autorizado.
  • Identificar los residuos de forma adecuada, tal como establece el artículo 6 de la misma ley.
  • Suscribir un seguro u otra garantía financiera que cubra sus responsabilidades.

La ley prohíbe la introducción en el mercado de productos plásticos como vasos y cubiertos de plástico de un solo uso, pajitas o bastoncillos.

Por último, aunque la normativa profundiza y detalla muchos otros aspectos, caben destacar las obligaciones que fija para los fabricantes de cualquier producto:

  • El diseño de los productos debe dirigirse a reducir su impacto ambiental durante todo su ciclo de vida.
  • La devolución de productos reutilizables debe ser aceptada.
  • La utilización de materiales procedentes de residuos en la medida de lo posible.
  • El incremento de los periodos de garantía de los productos.
  • En cuanto a la reducción del consumo de plásticos de un solo uso, la ley fija la reducción del 50 % en peso para 2026 y del 75 % en 2030, con respecto a los niveles actuales.
  • Queda prohibida la introducción en el mercado de productos plásticos como vasos y cubiertos de plástico de un solo uso, pajitas o bastoncillos (entre muchos otros detallados en el anexo IV de la ley).

 

Claves del decreto de garantías financieras en materia de residuos

La ley de residuos es la pieza principal de un paquete normativo sobre economía circular y residuos del que también forma parte el Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, sobre las garantías financieras en materia de residuos. La norma define los criterios exigibles a los productores y gestores de residuos y concreta la cuantía y vigencia de las garantías financieras para que los implicados en el tratamiento de residuos puedan cumplir más fácilmente con sus obligaciones.

La normativa unifica también los criterios para determinar cómo se constituían las garantías financieras, qué instrumentos financieros se podían usar y los cálculos de la cuantía de dichas garantías, aspectos que hasta ahora marcaba cada comunidad autónoma. Todo ello para dar una cobertura adecuada a las siguientes responsabilidades:

  • Por el ejercicio de la actividad de producción y gestión de residuos.
  • Por la responsabilidad exigible que se derive de las operaciones realizadas debido a la muerte, lesiones o enfermedad de las personas, o por daños en las cosas.
  • Por la responsabilidad medioambiental inherente a la actividad desarrollada.

Tal como explican desde el ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el nuevo decreto de garantías financias no crea nuevas obligaciones ni fija nuevas cargas administrativas, sino que está más pensado para facilitar que todas aquellas empresas involucradas en la generación y gestión de residuos puedan cumplir con sus obligaciones sin poner en riesgo la viabilidad económica de sus empresas.

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