Tras una larga andadura parlamentaria, que incluso ha excedido los límites marcados por la Comisión Europea para la transposición de la Directiva 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo, el Congreso de los Diputados ha dado el visto bueno definitivo a la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Esta norma se ha complementado, además, con el Real Decreto sobre las garantías financieras en materia de residuos, alterando sustancialmente la regulación española sobre residuos.
La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular supone la adaptación definitiva de las normativas europeas en materia de residuos al ordenamiento jurídico de España. Como tal, significa una revisión profunda de las regulaciones existentes hasta este momento con la finalidad avanzar en la prevención y la reducción de la generación de residuos, mejorar la eficiencia en el uso de recursos y, sobre todo, reducir el impacto del plástico en el medioambiente y la salud humana.
Para lograrlo, la nueva ley establece una serie de objetivos. Estos son algunos de los más destacados:
Desde el punto de vista de las empresas, sean productoras iniciales y poseedoras de residuos o gestoras de los mismos, la normativa establece una serie de deberes claros. Para los gestores de residuos, la ley marca las siguientes obligaciones:
En segundo lugar, la ley establece una serie de obligaciones para los productores iniciales y poseedores de residuos. Estas son algunas de las principales normas:
Por último, aunque la normativa profundiza y detalla muchos otros aspectos, caben destacar las obligaciones que fija para los fabricantes de cualquier producto:
La ley de residuos es la pieza principal de un paquete normativo sobre economía circular y residuos del que también forma parte el Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, sobre las garantías financieras en materia de residuos. La norma define los criterios exigibles a los productores y gestores de residuos y concreta la cuantía y vigencia de las garantías financieras para que los implicados en el tratamiento de residuos puedan cumplir más fácilmente con sus obligaciones.
La normativa unifica también los criterios para determinar cómo se constituían las garantías financieras, qué instrumentos financieros se podían usar y los cálculos de la cuantía de dichas garantías, aspectos que hasta ahora marcaba cada comunidad autónoma. Todo ello para dar una cobertura adecuada a las siguientes responsabilidades:
Tal como explican desde el ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el nuevo decreto de garantías financias no crea nuevas obligaciones ni fija nuevas cargas administrativas, sino que está más pensado para facilitar que todas aquellas empresas involucradas en la generación y gestión de residuos puedan cumplir con sus obligaciones sin poner en riesgo la viabilidad económica de sus empresas.
