Reducir el uso de plásticos, restringir productos, reforzar la economía circular e imponer un tipo impositivo para prevenir la generación de residuos. Estos son los objetivos principales de la futura Ley de residuos y Suelos Contaminados de España, cuyo proyecto ha iniciado ya la andadura parlamentaria. Será sometido a debate y enmiendas en el Congreso durante las próximas semanas y será aprobada, previsiblemente, en el presente mes de julio.
La Ley de residuos y suelos contaminados supone la revisión de la actual normativa del 2011, así como la trasposición a la legislación española de la Directiva 2019/904 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2019, relativa a la reducción de plásticos de un solo uso. Esta directiva establece que todos los estados miembros deberán haber adaptado la normativa europea a su marco legal antes del 3 de julio de 2021.
Así, se espera que la ley española supere los trámites parlamentarios y entre en vigor durante las próximas semanas. A la espera de posibles modificaciones de última hora, estas son las claves, en líneas generales, de la nueva ley de residuos.
En línea con la directiva europea, el proyecto de la nueva ley de residuos establece limitaciones a la fabricación y el uso de productos plásticos de un solo uso, como vasos, cubiertos o pajitas, por ejemplo. Eso sí, la norma fija una desaparición gradual de estos objetos, cuya comercialización habrá de reducirse un 50% en 2026 con respecto a 2022 y un 70% para 2030.
La normativa da también un margen hasta el 1 de enero de 2023 para acabar con la distribución gratuita de estos productos y establece medidas para otros artículos de plástico no biodegradable que no figuran en la normativa europea (como envases monodosis o anillas plásticas). Además, el proyecto de ley fija una serie de requisitos de diseño para introducir el plástico reciclado en el mercado e incrementar su demanda y su valor. Por ejemplo, las botellas de plástico PET deberán contener, como mínimo, un 25% de plástico reciclado a partir de 2025.
El proyecto de ley también contempla una medida que afecta específicamente al sector hostelero y que está encaminada a reducir el número de envases de forma directa. Desde la entrada en vigor de la ley, todos los establecimientos deberán ofrecer la posibilidad de consumo de agua no envasada de manera gratuita. Todas las administraciones públicas deberán además fomentar el consumo de agua potable no envasada en recipientes plásticos de un solo uso.
La nueva normativa buscará no solo eliminar ciertos residuos, sino reducir la cantidad de los mismos en líneas generales. En particular, establece una serie de actuaciones para acabar con el despilfarro de alimentos en los hogares y en sector HORECA (Hoteles, Restaurantes y Cafeterías), así como a lo largo de la cadena de producción y suministro de productos alimentarios. También prohíbe de forma expresa la destrucción de excedentes no perecederos (por ejemplo, ropa o electrónica), que deberán destinarse a la reutilización en la medida de lo posible.
Con la intención de fomentar la economía circular y la puesta en valor de los residuos, el proyecto de ley contempla mejorar la recogida selectiva de basuras. Además del papel, el metal, el plástico y el vidrio, las localidades de más de 5.000 habitantes deberán permitir la recogida separada de biorresiduos a partir de 2022 y de textil, aceite de cocina o residuos considerados como peligrosos, entre otros, a partir de 2025.
La reducción de la generación de residuos, en línea con los objetivos de la Estrategia de economía circular de la UE, también se perseguirá desde el terreno de la fiscalidad. Así, la normativa española incorporará un impuesto verde por cada kilogramo fabricado de envases plásticos de un solo uso y extenderá otra tasa para los vertederos y la incineración de residuos, un impuesto ya existente en algunas comunidades autónomas.
Por otro lado, la norma establece que, en un plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la Ley, las entidades locales deberán establecer una tasa de la recogida, trasporte y tratamiento de residuos domésticos que deberá facilitar la implantación de sistemas de pago por generación.
El concepto de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) ya forma parte de la legislación de residuos española desde el año 2011. Este busca que los productores de productos que con el uso se convierten en residuos se involucren en la prevención y en la gestión de los mismos en aplicación del principio de quien contamina paga.
La nueva normativa ampliará la aplicación de la RAP y explicita las obligaciones que se pueden imponer a los productores, entre las que están el sistema de depósito, devolución y retorno. Además, aplicará también para sectores que, hasta ahora, no estaban incluidos en las obligaciones, como el textil, el de los muebles o los plásticos agrarios.
Por último, el proyecto de ley aboga por mantener sin grandes cambios la normativa al respecto de los suelos contaminados. Se mantendrá el régimen jurídico actual para las actividades potencialmente contaminantes, la declaración de suelos contaminados y la determinación de los responsables de la descontaminación y rehabilitación. Eso sí, como novedad, se creará un Inventario Nacional de descontaminaciones voluntarias de suelos.
En resumen, el proyecto Ley de Residuos que estos días se debate en el Congreso busca fijar un calendario y una hoja de ruta para la desaparición de los plásticos de un solo uso, reducir la generación de basura, reforzar el reciclaje y la puesta en valor de los desperdicios y armonizar los criterios fiscales y jurídicos en materia de residuos.
