Ley de Cambio Climático y Transición Energética: resumimos los puntos clave

La nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética será oficial en las próximas semanas. Tras ser aprobada en comisión parlamentaria, el Senado le dará previsiblemente su visto bueno y el proyecto se convertirá en la primera ley de este tipo con la que contará España, una norma que servirá de marco para avanzar en la transición energética y la descarbonización de la economía.

La ley de cambio climático por sectores

El principal objetivo de la ley es lograr que la economía española abandone gradualmente su dependencia de los combustibles fósiles durante los próximos 30 años, alcanzando la neutralidad de carbono a mediados de siglo. Esto quiere decir que, en 2050, España en su conjunto no podrá emitir más gases de efecto invernadero (en especial, dióxido de carbono y metano) de los que sea capaz de retener de forma natural o artificial.

En el año 2030, las emisiones deberán haberse reducido, al menos, un 23%, tomando como referencia las emisiones registradas en el año 1990. Abandonar los combustibles fósiles tendrá implicaciones muy importantes en casi todos los sectores de la economía, pero, sobre todo, en dos: la industria energética y el transporte.

Cómo afecta la ley al sector transporte

El 29% de las emisiones de gases de efecto invernadero en España se genera en el transporte. Esto lo convierte en el sector más contaminante del país atendiendo a su huella de carbono, según los datos del ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Por eso, la nueva ley pone el acento en el abandono progresivo de los vehículos de diésel y gasolina, aunque la hoja de ruta cuenta con importantes desafíos.

Algunos subsectores del transporte, como el marítimo o el transporte pesado por carretera, son de difícil descarbonización, ya que no es fácil mover grandes tonelajes con baterías. Así, el foco de la ley está en los turismos y otros vehículos privados. A partir de 2040, los coches con motores de combustión interna dejarán de ser fabricados, pero la ley no establece límites para los vehículos comerciales ni el resto de medios de transporte.

Al final de esta década, las fuentes de energía renovable deberán aportar el 74% del consumo eléctrico.

Además, la norma contempla que establecer en todas las ciudades de más de 50.000 zonas de bajas emisiones, impulsar la red de puntos de recarga de vehículos eléctricos (incluyendo puntos en todas las estaciones de carburantes) y apoyar la integración en el sistema de transporte de combustibles alternativos.

¿Qué se espera del sector eléctrico?

La industria manufacturera es el segundo sector que más emisiones genera en España, pero su descarbonización completa es, por ahora, complicada. Por eso, la ley ha puesto también el foco en el tercer sector que más gases de efecto invernadero emite: el de la generación eléctrica. La norma establece un objetivo claro para la evolución de la industria energética. Al final de esta década, las fuentes de energía renovable deberán aportar el 74% del consumo eléctrico. Esta cuota deberá alcanzar el 100% antes de 2050.

Para ello, en los próximos meses se aprobará una ley de reforma del sector eléctrico, se impulsarán todas las centrales de energía renovable, incluyendo las de biomasa y las hidroeléctricas reversibles, y se reformará la Ley de Propiedad Horizontal para facilitar el autoconsumo en viviendas y edificios. También se impulsará la rehabilitación energética de los hogares para mejorar su eficiencia.

Además, en lo que atañe a la industria, la ley prohíbe que se otorguen nuevas autorizaciones de exploración y explotación de hidrocarburos en el territorio español, incluyendo las zonas costeras, así como veta el fracking y la extracción de minerales radioactivos como el uranio.

Adaptarse a lo inevitable

El cambio climático no es algo que sucederá en el futuro. Tiene que ver con muchos de los retos de la sociedad en el presente y su impacto irá creciendo en las próximas décadas. Por eso, la nueva ley establece, por primera vez, la necesidad de activar políticas de mitigación y adaptación ante esta nueva realidad.

Cada cinco años, deberá aprobarse un plan nacional de adaptación al cambio climático que atenderá a sectores como el hidrológico, la gestión costera, el urbanismo, la agricultura o la salud pública, entre muchos otros. Además, la ley forzará a los sucesivos gobiernos a seguir una estrategia de conservación y restauración de ecosistemas y de protección de especies especialmente sensibles.

La ley obligará a las grandes empresas y las entidades financieras a ser transparentes con la información de sus activos

Por otro lado, la normativa contempla que se establezcan medidas para evitar que la lucha contra el cambio climático y, en particular, la transición energética no generen desigualdades ni injusticias sociales. Cada cinco años habrá que renovar una Estrategia de Transición Justa en la que se contemple, entre otras cosas, la reconversión de los sectores y los puestos de trabajo más afectados por el abandono de las fuentes de energía fósil.

Los riesgos para las empresas de la ley de cambio climático

En función de su segmento de negocio, cada empresa tendrá que hacer frente a los riesgos específicos derivados del nuevo marco que establecerá la ley de cambio climático en España. Sin embargo, sí existirán una serie de riesgos comunes asociados a la huella de carbono de cada empresa, la transparencia y las inversiones sostenibles.

En el plazo máximo de un año tras la publicación definitiva de la ley, el Gobierno establecerá qué empresas deberán calcular y publicar su huella de carbono, así como los términos para hacerlo de forma transparente y accesible. Las empresas afectadas por dicha obligación deberán contar también en consecuencia con un plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el que queden claros los objetivos y las herramientas para alcanzarlos.

Por otro lado, la ley establece un marco para mejorar las decisiones de inversión y la evaluación de los riesgos y las oportunidades de las mismas. Entre otras cosas, se obligará a las grandes empresas y las entidades financieras a ser transparentes con la información de sus activos y a establecer objetivos de descarbonización en su cartera de préstamo e inversiones.

En definitiva, además de una serie de riesgos transaccionales y específicas de cada sector, la ley supondrá una nueva fuente de riesgos de compliance o cumplimiento legal derivados del nuevo marco normativo al que deberán adaptarse las empresas.

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