La reputación de un directivo está rodeada de arenas movedizas. El encaje de todos los factores que afectan a su imagen pública es complejo y algunos riesgos reputacionales no son evidentes hasta que es demasiado tarde. Las consecuencias de ignorar dichos riesgos en un contexto de investigación pública pueden ser devastadoras, sobre todo si el directivo puede acabar asumiendo responsabilidad personal y patrimonial.
El daño reputacional durante un proceso de investigación instado por cualquiera de las agencias regulatorias está muy relacionado con la capacidad de los directivos afectados de responder a las críticas antes de que el informe sea público. Esta práctica, llamada maxwellización en el derecho anglosajón, tiene que ver con el principio de equidad, pero no siempre se respeta. A menudo, la necesidad de hacer público el informe hace que las autoridades regulatorias no dejen demasiadas opciones de responder a las críticas.
¿Cómo se respetan los derechos del individuo en este proceso? ¿Qué ocurre si la organización que está siendo investigada tiene la oportunidad de responder, pero no todas las personas involucradas en la investigación (pertenezcan o no a la empresa) tienen los mismos derechos? A grandes rasgos, esto dependerá del marco legal en el que se elabore el informe.
El campo en el que interfieren distintas leyes, regulaciones, prácticas empresariales, autoridades y derechos individuales está plagado de riesgos. Hasta el punto de que en no pocos casos los directivos ignoran o desde luego no pueden conocer con total seguridad qué entes reguladores los están investigando y/o bajo qué circunstancias, ni tampoco pueden saber por sí solos qué herramientas están a su disposición para defender su reputación.
Ante este contexto complejo, Angus Duncan, Executive Director Coverage Specialist, FINEX, de Willis Towers Watson, propone tres claves para evitar en la medida de lo posible el daño reputacional:
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El directivo no debe asumir que la empresa o el empleador siempre estará disponible y dispuesto a respaldarlo en todo momento, mientras no se haya cometido un delito grave. Muchas investigaciones llevadas a cabo por las diferentes agencias regulatorias tienen lugar años después de los hechos que las originaron, a menudo en un momento en el que los que eran directivos entonces ya no ocupan el cargo. Como consecuencia, es muy posible que los intereses del afectado y los del empleador o la empresa ya no coincidan.
02
En muchos casos existen protecciones en forma de seguros y/o indemnizaciones. Si ese es el caso, el directivo debe aprovechar las herramientas a su disposición para informarse antes de que se produzca ningún problema. Por ejemplo, mientras ocupa su cargo puede recibir asesoramiento o iniciar las actuaciones pertinentes para proteger su reputación a cargo de la empresa o a través de las pólizas D&O (siglas en inglés de administradores y directivos) que estén contratadas por la organización a estos fines.
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Contrariamente a lo que se suele suponer, los directivos y administradores no tienen ningún derecho legal a indemnización por daños reputacionales. Es decir, las empresas pueden voluntariamente disponer de soluciones para proteger a sus directivos, pero la ley no las obliga a hacerlo. Por lo general, este tipo de seguros o indemnizaciones se establecen en el momento de la negociación del contrato de trabajo y sus condiciones pueden ser muy variopintas.
En definitiva, los riesgos y daños reputacionales no siempre son evidentes y los directivos no siempre cuentan con todas las herramientas necesarias para hacerles frente. Asumir la responsabilidad, mantenerse siempre informado de las alternativas y tener en cuenta la necesidad de protección desde el primer momento son claves para minimizar el impacto de estos riesgos y sus eventuales consecuencias.
