Se reabre el debate del Pacto de Toledo. ¿Qué ocurrirá con las pensiones y mi jubilación?

La Comisión del Pacto de Toledo retoma sus reuniones estos días para analizar el presente del sistema público de pensiones y debatir cómo deberá ser en el futuro. El objetivo último es garantizar su sostenibilidad ante el agotamiento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como la hucha de las pensiones.

La Comisión estudiará minuciosamente todas las recomendaciones y propuestas que han presentado más de treinta expertos para abordar la reforma. Sin embargo, se priorizará el debate sobre las cuestiones en las que existe mayor consenso. Los grupos participantes ven más factible pactar primero sobre nuevas fuentes de financiación y medidas puntuales que, a corto plazo, permitan generar un mayor nivel de ingresos para las arcas de la Seguridad Social. Y, si es posible, sin tener que recortar las pensiones o tener que endurecer las condiciones para acceder a una prestación.
 

Pero, ¿qué medidas se están barajando en el Pacto de Toledo para alcanzar estos objetivos?

• Los cotizantes que tienen mayores rentas podrían contribuir en mayor medida al sistema de pensiones. Se da la circunstancia que los salarios reales, en determinados casos, son más elevados que el tope de la cotización, con lo que la Seguridad Social deja de ingresar abultados recursos por esta vía.

• Avanzar en la contributividad del sistema. Esto es: que la correlación entre lo que se haya cotizado y la paga que se perciba al finalizar la vida laboral sea mayor. El PP es proclive a negociar los topes que hoy existen. Defiende que se eleven las bases máximas de las cotizaciones (3.751 euros mensuales) y, en paralelo, la cuantía máxima a recibir (2.573,7 euros mensuales). Así, el Gobierno se plantea elevar las bases máximas hasta un 8% de forma progresiva.En ningún caso se modificaría el tipo de cotización, es decir, el porcentaje que pagan los trabajadores en función de las bases correspondientes.

• Incentivar que los trabajadores se mantengan en activo, haciendo compatible el 100% del cobro de la pensión con un empleo.

• Las pensiones de viudedad y orfandad dejarían de correr a cargo de las cotizaciones para abonarse vía impuestos, medida que ahorraría al sistema unos 25.000 millones de euros.

 

¿Y sobre la revalorización actual de las pensiones?

Este es precisamente uno de los asuntos en el que las posturas de los grupos están más distantes. Tras la reforma aprobada en solitario por el PP en 2016 y con el fin de recortar el gasto en pensiones, la actualización de las pensiones se sustenta en el índice de revalorización (IRP). Así, el Ejecutivo desvinculaba la revalorización de las pensiones al IPC y fijó una horquilla para su revisión anual: un mínimo del 0,25% y un máximo del 0,5%. En la práctica, esto implica que las pensiones se incrementarán al mismo ritmo que el coste de la vida en los próximos años.

Ninguno de los grupos que integran el Pacto de Toledo está de acuerdo con esta medida. De hecho, el PSOE ya ha dejado claro que no habrá acuerdo sin la derogación o modificación del IRP. Exige que se vincule a la evolución de los salarios y a la productividad.

Las negociaciones se esperan largas y complicadas teniendo en cuenta la sensibilidad de la opinión pública sobre este tema. Aunque la intención del Gobierno es la de aprobar por decreto ley las nuevas medidas, el resto de los grupos de la Comisión consideran improbable alcanzar un acuerdo antes de esa fechas.