En 2021, nacieron en España 336 811 niños, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Vistos así, pueden parecer muchos, pero la cifra empequeñece frente a los 471 999 que nacieron en 2011 o los 655 879 nacidos 50 años antes, en 1971. La natalidad lleva décadas en claro descenso en España y, junto al aumento de la esperanza de vida y el gradual envejecimiento de la población, está incrementando la tensión en el sistema de pensiones.
Si la natalidad sigue bajando, en el futuro, el número de trabajadores necesarios para sostener las pensiones con sus cotizaciones a la Seguridad Social será cada vez más insuficiente. ¿Cuál es el calado del reto demográfico de las pensiones? ¿Y hasta dónde puede aguantar el sistema?
Los datos publicados por el INE de los primeros seis meses de 2022 no han aportado ninguna señal para el optimismo. Entre enero y junio de este año, nacieron en España 159 705 niños y niñas, un nivel similar al de 2021, cuando se batió el récord negativo de una serie histórica que se remonta hasta 1941. Aunque empezó antes, la crisis de natalidad se ha agravado especialmente durante las dos décadas que llevamos del siglo XXI. Si en 2001 nacían en España 10 niños por cada 1000 habitantes, hoy nacen 7.
En algunas comunidades autónomas, la caída de la natalidad es todavía más marcada. La cifra se desploma hasta los 4,7 nacimientos por 1000 habitantes en Asturias, 5,49 en Galicia o 5,5 en Castilla y León. Estos datos han llevado a España a ser uno de los países con menor natalidad del planeta. Tomando como referencia el año 2019, tan solo en Bosnia, Grecia, Portugal, Italia, Japón, Corea del Sur y Puerto Rico nacían menos niños por cada 1000 habitantes que en España.
La caída de la natalidad es un problema complejo, derivado de múltiples causas. Según el Instituto de Política Familiar, influyen desde los cambios en las prioridades y el mayor nivel medio de estudios en la población (tener hijos ha dejado de ser un objetivo principal como sí pasaba en otras generaciones) hasta la inestabilidad económica y la precariedad o los problemas de fertilidad derivados de que muchas familias, cuando se plantean o pueden permitirse tener hijos, ya han pasado sus edades más fértiles.
El sistema de pensiones en España es lo que se denomina un sistema de reparto. Son los trabajadores activos, a través de sus aportaciones a la Seguridad Social, los que contribuyen al fondo para atender los pagos de las pensiones y las jubilaciones de los trabajadores retirados. De acuerdo con la Seguridad Social, este sistema permite mantener la solidaridad entre generaciones, la solidaridad de los activos respecto de los pasivos y la solidaridad entre los distintos territorios de la nación.
Sin embargo, para que funcione en equilibrio, la relación entre trabajadores activos y pensionistas debe permanecer más o menos estable. Si aumenta mucho el número de pensionistas o baja el número de trabajadores activos, el sistema de reparto se desajusta. En España, al igual que en otros países desarrollados de su entorno, están sucediendo ambas cosas al mismo tiempo. Si la natalidad continúa bajando, habrá cada vez menos trabajadores que paguen las cotizaciones a la Seguridad Social, a pesar del aporte positivo que pueda suponer la inmigración.
Este equilibrio que mantiene la columna vertebral del sistema de pensiones es lo que se conoce como la tasa de dependencia. Esta mide la relación entre el número de pensionistas y el de trabajadores en activo. La tasa de dependencia varía mes a mes, pero según los datos de la Seguridad Social en el último año se ha situado, de media, ligeramente por debajo del 2,1. Es decir, hay poco más de dos trabajadores activos por cada pensionista.
Esto tiene una consecuencia clara y directa en el sistema de pensiones: cada vez es más difícil sostenerlo económicamente. Solo en el mes de agosto, se destinaron 10 856,9 millones de euros al pago de las pensiones, un 11,8 % del producto interior bruto (PIB), según datos del Gobierno. Mientras tanto, el pronóstico de ingresos por cotizaciones sociales para este año es de 136 344 millones. Es decir, los ingresos no serán suficientes para cubrir el gasto total en pensiones.
Para cubrir la diferencia, se ha debido incluir una partida extraordinaria en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2022, al igual que ya sucedió en años anteriores. Durante 2022, el gasto en pensiones asciende a 170 494 millones de euros, el 37 % del gasto consolidado de los PGE. En el futuro a largo plazo, todo apunta a que esta tasa de dependencia seguirá bajando y el desequilibrio del sistema, aumentando.
Según estimaciones del Banco de España, en 2050 la tasa podría situarse en 1,5, lo que significa que habrá tres trabajadores activos por cada dos pensionistas. Por su parte, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AiRef), apunta a que esta situación seguirá provocando un incremento en el gasto en pensiones si no se hace ningún tipo de ajustes. A mitad de siglo, el pago de las pensiones supondrá el 14,2 % de todo el PIB del país.
En definitiva, la baja natalidad y el envejecimiento de la población provocan que cada vez sea más difícil asumir el coste total de las pensiones a través de las cotizaciones de los trabajadores dados de alta en la Seguridad Social. Las soluciones para que las prestaciones no pasen a monopolizar por completo los presupuestos del país pasan por elevar el número de trabajadores activos, buscar alternativas de financiación o desarrollar sistemas complementarios para fomentar el ahorro individual de los trabajadores de cara a su jubilación.
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