COVID-19: ¿cuál es el impacto potencial de la pandemia en el sistema público de pensiones?

Tras dos meses de estado de alarma sanitaria y medidas estrictas de confinamiento que solo ahora empiezan a relajarse, ya no hay dudas de que el impacto de la pandemia de COVID-19 va a ser mucho más profundo de lo imaginado en un principio. En España, la salud del sistema público de pensiones depende completamente de la salud de la economía y, como tal, se verá afectada por una crisis que se da por sentada.

La situación es excepcional y no tiene precedentes, por lo que aventurarse a pronosticar la evolución de la crisis económica generada por el parón global de la actividad empresarial es complicado. Aun así, las primeras consecuencias ya empiezan a sentirse y ponen en riesgo la estabilidad de un sistema público de pensiones que ya se enfrentaba a importantes retos.

Dos tipos de déficit y la financiación de las pensiones

Desde la crisis financiera de 2008 y la consiguiente depresión económica, el sistema público de pensiones español no ha vuelto a ser el mismo. El frenazo de la economía entonces sacó a relucir sus debilidades. Los desequilibrios demográficos (cada vez había más pensionistas y menos trabajadores en activo) y la elevada tasa de sustitución en comparación a la de países de nuestro entorno habían abierto una brecha entre ingresos y gastos.

A este déficit estructural del sistema público de pensiones, que se ha intentado corregir sin mucho éxito desde entonces, se le suma ahora un déficit coyuntural provocado por las medidas de contención de la pandemia de COVID-19. Las medidas que han paralizado la economía han provocado ya una caída del PIB del 5,2%, contracción que podría superar este año el 12% según el Banco de España.

A nivel pensiones, la recesión impacta de forma muy directa en los ingresos de la Seguridad Social, dado que las cotizaciones caen al incrementarse el desempleo y precarizarse parte del mismo. Esto tendrá un impacto directo tanto en la financiación regular de las pensiones como el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, un fondo pensado para solventar situaciones excepcionales, pero que ya ha demostrado ser insuficiente para cubrir situaciones de extrema gravedad y que ahora mismo se encuentra bajo mínimos.

¿Menos trabajadores y más pensionistas?

Aunque la fórmula temporal de los ERTE ha mantenido a la gran mayoría de los trabajadores afectados por las medidas de confinamiento en situación de alta en la Seguridad Social, es probable que, en los próximos meses, una parte pase a estar en situación de desempleo. Es decir, a medio plazo habrá menos trabajadores que sustenten, con sus cotizaciones, las prestaciones de los pensionistas.

Por otro lado, todavía es pronto para valorar cómo ha afectado la pandemia al número de jubilados. Las primeras cifras revelan una caída en las altas previstas en el sistema público de pensiones, pero es probable que la caída sea solo temporal y esté provocada por el confinamiento, ya que muchas personas no habrían podido completar el trámite. Sin embargo, el número de pensionistas se normalizará en los próximos meses.

Además, es probable que la situación provocada por el COVID-19 pueda anticipar algunas jubilaciones, dado que trabajadores cercanos a su edad ordinaria de jubilación que pasasen a una situación de desempleo podrían optar, si cumplen los requisitos, por jubilarse anticipadamente asumiendo la penalización en la pensión que podría suponer.

En definitiva, a medio plazo es probable que el desequilibrio entre trabajadores en activo y pensionistas se acentúe. Para resolver este desequilibrio existen diferentes vías de acción. Por un lado, se puede aumentar la liquidez del sistema a corto plazo mediante nuevos impuestos o deuda. Por otro, con vistas también al largo plazo, se puede acelerar la reforma del sistema.

Reabrir el debate de las pensiones

El pasado 1 de mayo, el Gobierno remitía a la Comisión Europea un nuevo Programa de Estabilidad y Plan Nacional de Reformas en el que incluía tanto las nuevas previsiones de recesión como el impacto probable, entre otros, en el sistema de pensiones. Hay que tener en cuenta que en el mes de enero se aplicaron una serie de subidas a todas las pensiones, incluyendo las de viudedad y las no contributivas.

El escenario es el siguiente. A corto plazo se debe resolver cómo financiar las pensiones en una situación de recesión. A largo plazo, se debe también resolver cómo se van a sostener la entrada de nuevas pensiones más elevadas a partir de 2023, momento en que se espera la jubilación masiva de la generación del baby boom.

En este contexto, una de las primeras acciones de efecto inmediato sería congelar las nóminas de los pensionistas, una medida que el Gobierno está ya estudiando. Además, no se descarta volver al denominado Índice de Revalorización de las Pensiones aprobado en la reforma del sistema de 2013 y que se dejó de aplicar en 2018 en favor de una revalorización vinculada al IPC.

Por otro lado, también existe la posibilidad de retomar medidas que ya estaban sobre la mesa y avanzar en una reforma más profunda del sistema de pensiones con vistas a aumentar la edad de jubilación, incrementar la edad de jubilación efectiva, empezar a calcular la pensión a partir de las cotizaciones de la vida laboral completa o limitar el cobro de la pensión de viudedad cuando concurra con ciertos niveles de renta. En definitiva, la crisis provocada por la pandemia de COVID-19 puede tener consecuencias tanto en la forma de financiar las pensiones como en el desarrollo de reformas que conduzcan a paliar el déficit estructural del sistema.

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