La industria de la alimentación está profundamente ligada al entorno natural. De los productores a los retailers, la relación con los riesgos medioambientales es tan estrecha como variada. El cambio climático, los nuevos marcos regulatorios, los hábitos de consumo cambiantes o los riesgos de provocar o sufrir contaminaciones tienen un impacto directo en los costes y el funcionamiento del sector.
Independientemente de la intensidad con la que decidamos actuar contra el cambio climático, en la próxima década se espera la aparición de fenómenos meteorológicos más extremos y modificaciones importantes en los patrones climáticos habituales. Tal como señalan los analistas de Willis Towers Watson, el 25% de los mamíferos y el 12% de las aves podrían extinguirse y el nivel del mar podría subir hasta 59 centímetros en las próximas décadas.
La dependencia de los riesgos de la naturaleza y la búsqueda de alternativas que lo palíen es el principal reto de los productores y proveedores de la materia prima agrícola, hortofrutícola y ganadera. Los daños a las cosechas por motivos climatológicos o los riesgos de pérdida del forraje y de la cosecha ya recolectada, de falta de germinación de las semillas, o de poca productividad de las cosechas por sequías y calor intenso o de daños medioambientales por los lixiviados derivados de los residuos animales son algunos de los riesgos medioambientales a tener en cuenta por sector productivo.
Sin embargo, la necesidad de establecer políticas más responsables con el medioambiente impacta también en la fabricación y transformación de los alimentos, los distribuidores mayoristas y la venta al por menor. Además, el riesgo de que los daños en el sector productivo impacten en el coste y las ventas es muy elevado.
El cambio climático, unido a los cambios poblacionales y a la disrupción tecnológica, tienen un gran impacto en los sistemas del sector de la alimentación y ponen en riesgo su sostenibilidad futura. Desde el sector seguros, la respuesta a estos desafíos pasa por pólizas específicas que aporten certezas frente a la incertidumbre y seguridad y continuidad de negocio ante los riesgos de interrupción.
Bajo los principios comunitarios de prevención de daños medioambientales y quien contamina, paga, la Ley 26/2007, de 23 de octubre establece que buena parte de las empresas más relevantes españolas relacionadas con el sector de la alimentación deban constituir garantías financieras por responsabilidad ambiental. Estas son obligatorias si se prevé que el operador puede ocasionar daños ambientales cuya reparación primaria se evalúe por 300.000 euros o más.
Algunas de las empresas del sector, dependiendo de la capacidad de producción o de aceptación de materias primas de sus centros de explotación, son consideradas como de Prioridad 3, por lo que tendrán hasta 2021 para realizar un análisis de riesgos medioambientales y constituir la garantía financiera correspondiente (2022 en el caso de las granjas porcinas). El listado completo de actividades afectadas, que van desde mataderos hasta grandes explotaciones hortofrutícolas y empresas de tratamiento y transformación de alimentos, puede consultarse en los anexos de la ley.
El cálculo de la garantía financiera obligatoria partirá siempre del análisis de riesgos medioambientales de la actividad, a partir del cual se cuantifica primero el daño potencial. A continuación, se monetiza el daño medioambiental generado teniendo en cuenta el coste del proyecto de reparación y se añaden los costes de prevención y evitación del daño. Contar con asistencia experta en análisis y prevención de riesgos medioambientales es fundamental para cumplir con la normativa y evitar riesgos mayores.
Otro de los grandes frentes abiertos en la industria alimentaria son los riesgos por contaminación biológica o química del producto. Casos como los recientes brotes de Listeria monocytogenes en España y de Salmonella en Francia, ambos en empresas del sector de la alimentación, pone de manifiesto no solo los riesgos que una contaminación de producto supone para la salud de las personas, sino los riesgos a los que se enfrenta la industria en estos casos.
Una vez detectado un caso de contaminación biológica o química, la primera consecuencia es la retirada del producto afectado de circulación; una retirada que tiene un impacto negativo inmediato en la cuenta de resultados de la empresa, tanto por los costes derivados de las medidas correctoras como las pérdidas de ingresos. Además, hay que tener en cuenta los posibles costes de la responsabilidad civil.
Sin embargo, los riesgos derivados de una mala gestión de la crisis inducida por la contaminación del producto van más allá. La posible interrupción total del negocio debido a decisiones de las autoridades competentes, los daños a la reputación y a la marca e, incluso, el impacto en el valor accionarial de la compañía son riesgos que no deben menospreciarse.
Mantener los estándares de control y calidad definidos por la legislación vigente es indispensable, pero puede no ser suficiente. El análisis detallado de los riesgos y la contratación de pólizas específicas para situaciones de contaminación de producto contribuyen a minimizar los impactos de este importante riesgo medioambiental.
