La invasión de Ucrania ha disparado la subida de la mayoría de precios de bienes y servicios, precios que ya acumulaban muchos meses de encarecimiento por culpa de la pandemia, el coste de los combustibles fósiles y la electricidad, los desajustes de la cadena de suministros y el aumento de los precios del transporte y la distribución global. La inflación está disparada en buena parte del mundo. ¿Cómo afectará a la revalorización de las pensiones el próximo año en España?
Es difícil dar un dato actualizado de la inflación. Los precios de bienes y servicios siguen aumentando de forma generalizada y sostenida en el tiempo en casi todo el planeta. A finales del mes de marzo, la inflación en la Unión Europea estaba ya en el 7,5 %. Es un aumento considerable desde el 5,9 % del febrero y supone, de hecho, el incremento mensual más destacado desde 1997, según datos del Banco Central Europeo. Entre los países de la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la subida de los precios se encuentra en niveles similares.
La situación de inflación en España es todavía más acentuada. El indicador adelantado del índice de precios al consumo (IPC) sitúa su variación anual en el mes de marzo en el 9,8 %, más de dos puntos por encima de la registrada en febrero, según el Instituto Nacional de Estadística. De confirmarse el dato, sería la tasa de subida más alta desde mayo de 1985.
Esta subida de precios en España es especialmente abultada en el transporte, los combustibles, la electricidad y los alimentos. Las consecuencias, que ya detallamos en este artículo, son entre otras la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos y la pérdida de valor del ahorro. Pero, ¿cuál va a ser su impacto en las pensiones?
La última reforma del sistema público de pensiones español volvió a ligar la revalorización de las mismas a los movimientos del IPC con el objetivo de frenar la pérdida de poder adquisitivo que muchos pensionistas habían sufrido en los últimos años. Esta medida, que fue aplicada por primera vez para subir las pensiones de 2022, podría traducirse en un fuerte golpe a las arcas públicas si la inflación se mantiene durante lo que queda de año (y nada parece indicar lo contrario).
De hecho, la subida de los precios previa a la invasión de Ucrania ya provocó que para 2022 el Gobierno aprobase un incremento del 2,5 % para las pensiones contributivas y de un 3 % para las no contributivas, al que añadió una paga de compensación por la pérdida de poder adquisitivo en 2021. La medida supuso que la factura total del sistema público de pensiones se encareciese en 6500 millones de euros (un coste que se financiará, probablemente, vía Presupuestos Generales del Estado).
Tal como acabamos de ver, la tormenta inflacionaria no ha amainado en lo que va de año. Desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), su presidenta Cristina Herrero señalaba en un análisis reciente que aunque la subida de la inflación pueda tener un efecto positivo a corto plazo en las cuentas públicas, este no se mantendrá en el tiempo y se irá anulando a medida que los gastos vayan incorporando también el efecto de la inflación. En el capítulo de gasto público destaca, por encima del resto, el gasto en pensiones.
En su último informe de proyecciones macroeconómicas, el Banco de España rebajó las previsiones de recuperación de la economía española (con un 4,5 % para este año frente al 6,3 % estimado hace solo seis meses) y advirtió también del probable aumento del gasto público motivado por la inflación. Según la entidad bancaria, cada punto extra de inflación elevará el gasto en pensiones en 1800 millones de euros. Si la inflación se mantuviese alrededor del 7 %, la revalorización de las pensiones en enero de 2023 supondrá unos 12 600 millones más de gasto presupuestario.
Entre las posibles medidas excepcionales para contener los efectos de la inflación podría, por ejemplo, aplicarse una suspensión temporal de la norma para limitar el impacto en los presupuestos de la subida del IPC. Por ahora, eso sí, desde el ministerio de Seguridad Social se ha asegurado que esto no está previsto y que el poder adquisitivo de los pensionistas está garantizado por ley.
El aumento de la inflación se suma al complejo escenario que rodea el futuro de las pensiones públicas, en el que ya se preveía un importante aumento del gasto motivado, entre otras cosas, por la jubilación de la llamada generación del baby boom. En este sentido, la AIReF, en su último informe de proyecciones macroeconómicas, también ha estimado que el gasto en pensiones aumentará al 14,2 % del PIB en 2050 (en 2019 se situó en el 10,9 %).
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